Jacqueline Fowks

Lima 24 ENE 2018

Durante sus tres días de visita en Perú la semana pasada, el Papa insistió en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y los recursos naturales del territorio donde viven, especialmente en la Amazonia. Doce horas después de su partida, el Congreso promulgó el lunes una ley que declara prioritaria la construcción de carreteras y el mantenimiento de trochas en la región selvática de Ucayali, un área protegida donde están establecidos 10 pueblos indígenas.

De esos pueblos, siete permanecen en aislamiento voluntario, es decir, son nómadas no inmunizados, ni documentados, que hablan lenguas indígenas y viven de la recolección, la caza y la pesca. Las trochas aludidas en la ley, en la zona de frontera con Brasil, "son vías abiertas ilegalmente, permiten el tráfico de terrenos y la extracción ilegal de madera", afirma Julia Urrunaga, directora en Perú de la ONG Agencia de Investigación Ambiental (Environmental Investigation Agency, con sede en Estados Unidos).

"Esa es una de las cosas más peligrosas de esta norma, porque hay una gran cantidad de caminos ilegales en Ucayali hechos solo para el extractivismo ilegal o para invadir y acaparar tierras", añade la especialista.

Pese a que la primera semana de diciembre el entonces ministro de Cultura, Salvador del Solar, advirtió al presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, que la ley no era viable porque, entre otros motivos, no había sido consultada a los pueblos indígenas que serían afectados, el Legislativo la aprobó. El Ejecutivo tenía la potestad de derogarla y no lo hizo. El autor del proyecto de ley fue el parlamentario fujimorista Glider Ushñahua; otro congresista del fujimorista Fuerza Popular, Carlos Tubino, promueve hace tres años una carretera en dos áreas naturales protegida en la región Ucayali, pero su iniciativa ha sido desestimada un par de veces.

En 2014, fue asesinado el dirigente indígena Edwin Chota, quien denunció con pruebas ante la Fiscalía que las tierras de su comunidad, Saweto (Ucayali), fueron invadidas por taladores ilegales. Otros tres líderes de la comunidad atacados por el mismo motivo también han sido asesinados.

Chota llevaba 12 años intentando que el Estado expidiera los títulos (registro) de la comunidad, pero ésta se superponía con dos concesiones madereras y el trámite no avanzaba. En septiembre del año pasado, seis agricultores fueron asesinados por traficantes de terrenos en la provincia Nuevo Requena de Ucayali. En 2015, el estatal Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) realizó un sobrevuelo en la zona y pudo fotografiar 20 camiones en una trocha abierta para la tala ilegal, recuerda la activista Urrunaga.

Las mafias de la extracción ilegal de madera lograron que en 2016 el principal funcionario que perseguía ese delito, el presidente de Osinfor, Rolando Navarro, fuera destituido y pidiera asilo en Estados Unidos. Navarro logró inmovilizar una carga ilegal de madera de 4.000 toneladas, valorada en cuatro millones de dólares, que viajaba en el navío Yacu Kallpa hacia Estados Unidos. El funcionario probó que el 96% del despacho tenía origen ilegal. Osinfor identificó entonces a Ucayali como una de las regiones con más falsificación de documentos de las concesiones de extracción de madera.

El viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Alfredo Luna, señaló ayer a EL PAÍS que ya en diciembre el sector opinó que la ley "no era viable pues podría afectar la integridad de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial". "El Gobierno no promoverá ni financiará la construcción o el mantenimiento de vías que afecten la vida de estos pueblos indígena ni en ninguna del país. Como Ejecutivo estamos evaluando las medidas necesarias [con respecto de la ley]", afirmó.

Los pueblos afectados

El informe del Ministerio de Cultura alertó al Congreso que los riesgos de las carreteras y trochas son inmunológicos, socioculturales y territoriales y afectarían a los pueblos en aislamiento isconahua, mashco piro, machiguenga (nanti), mastanahua, murunahua, chitonahua y kakataibo. También a los pueblos en contacto inicial yora, machiguenga (nanti y kirineri) y amahuaca. Dichas etnias viven en tres reservas indígenas y una reservas territorial localizadas en la región Ucayali, aunque como trashumantes pasan a otras reservas en los departamentos colindantes de Madre de Dios y Cuzco. El ministerio advirtió que las carreteras no solo favorecen la minería y la tala ilegales, sino que generan problemas a los pueblos indígenas para conseguir alimentos.

Un reporte de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, añade que el territorio referido en la ley abarca seis áreas naturales protegidas por el Estado, entre ellas el Parque Nacional Sierra del Divisor, aprobado en 2016, el tercero más grande del país sudamericano.

Source: https://elpais.com/internacional/2018/01/24/america/1516749112_094826.html